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Colaboración bajo la ley 24/2015

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xoves, 19 de decembro de 2019


Lluïsa Moret destaca el trabajo conjunto y la corresponsabilidad para combatir la pobreza energética y garantizar los servicios básicos de electricidad, gas y agua

Así lo ha remarcado la diputada de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, a la salida de la reunión que han mantenido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, con representantes de las administraciones locales y supramunicipales y del tercer sector para presentar la propuesta de convenio que la Generalitat de Cataluña planteará a las empresas suministradoras para atender las familias en situación de pobreza energética.
Se trata de un documento acordado desprendido de varias reuniones de trabajo como respuesta a las situaciones de vulnerabilidad energética y ante las amenazas de algunas compañías de cortar el suministro a familias catalanas.

A la reunión han participado representantes de las cuatro diputaciones catalanas, la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, el área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la Tabla del Tercer Sector y la Alianza contra la pobreza energética.

Lluïsa Moret ha resaltado «el consenso logrado entre todos los representantes participantes en esta mesa en la elaboración de estos documentos y, por lo tanto, nuestro compromiso común de luchar cuenta la pobreza energética para proteger las personas más vulnerables de nuestros pueblos y ciudades, y también nuestros ayuntamientos».

La diputada de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona ha remachado su intervención afirmando que «mantendremos la tabla de coordinación para defender el posicionamiento unitario del mundo local y con la voluntad de generar nuevas herramientas a disposición de la ciudadanía que ayuden a consolidar una sociedad más justa, solidaria y responsable».

El texto acordado, con el cual la Generalitat iniciará la negociación con cada una de las suministradoras, establece que sean las compañías de energía eléctrica y gas quienes asuman la deuda acumulada hasta la firma del convenio por las personas y familias acreditadas como vulnerables o en riesgo de exclusión residencial.
La propuesta de convenio también incluye que las compañías suministradoras colaborarán a partir de ahora con las administraciones para hacer frente a los gastos derivados de la pobreza energética. En este sentido, la Generalitat de Cataluña creará un Fondo de Atención Solidaria que tendrá que estado financiado como mínimo en un 60% por las compañías suministradoras, y como máximo en un 40% por las administraciones públicas, para dotar y efectuar las transferencias de recursos económicos a los entes locales para las ayudas a los hogares y familias vulnerables. Las aportaciones de las administraciones públicas al Fondo de Atención Solidaria serán del 50% por parte del Gobierno de la Generalitat y del 50% por parte del conjunto de administraciones locales y supralocales.

Además, la Generalitat de Cataluña constituirá un órgano gestor que centralizará la comunicación con las empresas suministradoras y que determinará, coordinará y co-gestionará las ayudas para las personas acreditadas como vulnerables o en riesgo de exclusión residencial que establece la Ley 24/2015, con la cooperación y la participación de los entes locales.

Colaboración bajo la ley 24/2015

En el documento acordado, la Generalitat de Cataluña y las empresas firmantes se comprometen a colaborar para combatir la pobreza energética y garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad y gas porque nadie quede excluido por razones económicas. En este sentido, el acuerdo reitera que las empresas no pueden llevar a cabo cortes de suministros a ninguna familia en situación de vulnerabilidad económica o riesgo de exclusión residencial, tal como establece la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Además de la financiación del 60% del Fondo de Atención Solidaria, el convenio también prevé que las compañías aportarán una cantidad adicional en concepto de costes asociados a la gestión, información, atención directa y formación. En concreto, el acuerdo propuesto dice que las empresas suministradoras realizarán una aportación adicional al Fondo de Atención Solidaria equivaliendo al 50% de los costes asociados a la gestión, información, atención directa y formación de las personas consumidoras vulnerables o en riesgo de exclusión residencial correspondientes a todas las administraciones que presten servicios  de asesoramiento energético y servicios sociales en el ámbito de la pobreza energética. Este gasto será calculado por la Generalitat y se concretará anualmente con cada una de las empresas suministradoras teniendo en cuenta su cuota de mercado.

Entre otros obligaciones, las compañías se comprometen a realizar una promoción activa del bono social y una adaptación de este a la situación económica de Cataluña, indexándolo a la IRSC, también con la consecuente reducción y optimización de la potencia de consumo.

Además, se establece que ante un aviso de impago y antes de hacer cualquier corte del suministro, la empresa se tiene que dirigir a los entes locales titulares de los servicios sociales básicos donde reside la persona afectada para solicitar un informe que acredite si la persona se encuentra o no en una situación de riesgo de exclusión residencial.
Las empresas suministradoras tendrán que facilitar información a las administraciones competentes nos servicios sociales y en materia de consumo que permita un conocimiento global de la red de electricidad y gas, y de las familias que pueden verse afectadas por situación de pobreza energética.

Las compañías no podrán facilitar en ningún caso los datos de las personas con un informe de servicios sociales a empresas especializadas en el recobro de deuda, a fin de evitar el acoso telefónico, y tendrán que retirar todas las demandas de reclamación de cantidad interpuestas a estas familias. También hará falta que soliciten la paralización de los procedimientos judiciales que se encuentren en fase de ejecución y cuenten con embargos sobre familias protegidas por la ley y gestionarán la retirada de los datos de las que se encuentren en listas de morosidad.

Acuerdo entre Generalitat y Administraciones locales por un abordaje integral

Por otro lado, la Generalitat y las Administraciones locales también firmarán un acuerdo por el establecimiento de medidas de abordaje integral de la gestión de la pobreza energética.

Esta acuerdo establece un protocolo para buscar vías de colaboración y corresponsabilidad que permitan combatir la pobreza energética, garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad y de gas, y que nadie quede excluido por razones económicas.

El objetivo del protocolo es abordar de manera integral la gestión, la prevención y la intervención social en el ámbito de la pobreza energética en Cataluña y establecer los acuerdos para que el Gobierno de la Generalitat y el conjunto de las administraciones públicas locales se corresponsabilicen, conjuntamente con las compañías suministradoras, en la financiación y la dotación del Fondo de Atención Solidaria para la pobreza energética.

El acuerdo también fija que las aportaciones de las administraciones públicas al Fondo de Atención Solidaria serán del 50% por parte del Gobierno de la Generalitat y del 50% por parte del conjunto de administraciones locales.

Por otro lado, la Generalitat facilitará un modelo único de comunicación entre las compañías suministradoras y los entes locales y comarcales para facilitar la gestión de impagos y la elaboración del informe de vulnerabilidad.
Así mismo, se impulsará un Plan específico, con la participación de todos los agentes implicados, y especialmente las administraciones locales y el tercer sector social,  para la mejora del conocimiento del fenómeno y la prevención de las situaciones de la pobreza energética, así como la intervención social, de consumo y de vivienda para evitar la cronificación de las situaciones de pobreza energética.
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